LA DECADENCIA DEL DERECHO PENAL GARANTISTA

Cuando se aborda el estudio del Derecho Penal en nuestro país, es menester considerar la realidad social, más aún, la  finalidad que como disciplina sancionatoria cumple dentro de la misma, colisionando con un inevitable y marcado contraste -actualmente muy discutido entre los grandes críticos jurídicos-, generando opiniones divididas al respecto y, como en cualquier contienda nos obliga a conocer ambos enfoques acerca de si el Derecho Penal Colombiano aspira a ser un sistema garantista o si por el contrario se orienta hacia otro tipo de modelo legal, más exactamente el llamado Derecho Penal del Enemigo.

La pugna gira entorno a la conveniencia de mantener la línea de reivindicaciones y conquistas del derecho garantista, en contraposición con las modernas teorías del mencionado modelo, el cual encuentra sus bases en acontecimientos históricos de índole internacional, alterando de alguna manera las prioridades del análisis del derecho penal, hacia algunas más restrictivas y limitativas. El sistema garantista, advierte Ferrajoli, exige respetar concienzudamente los principios y garantías fundamentales, en miras a disminuir lo más posible el nivel de afección en los derechos del procesado. Sin embargo, en el pasado reciente, en el concierto internacional se han venido fortaleciendo ideas orientadas hacia la imposición de nuevos criterios de interpretación y aplicación del derecho penal, justificando la necesidad de restringir garantías y reivindicaciones de vieja data, conquistadas  con fundamento en la percepción o sensación del riesgo y de peligro, que se alimenta en las sociedades a partir de la creación de la idea de un opuesto con el que se mantienen sentimientos de zozobra, orientados a generar mayor control social.

En ese orden de ideas, estamos frente a un sistema que, cimentado sobre un escenario de peligrosismo su objetivo no es reprender a quien delinque, sino emprender una lucha con sus enemigos aumentando la gravedad de las penas más allá de la idea de proporcionalidad, reduciendo al mínimo de las garantías procesales del imputado como el derecho al debido proceso y, criminalizando conductas que realmente constituyen un verdadero peligro para bienes jurídicos protegidos, adelantando la intervención del derecho penal incluso antes de configurarse como delito, de esta manera, mediante eufemísticos argumentos de bienestar colectivo y de protección a la comunidad, lo que hace es consolidarse un control de la sociedad a través de la generación de unas ideas de derecho penal de autor, que facilita la implantación de medidas altamente lesivas para las garantías ciudadanas que enarbolan retrocesos significativos en el sistema jurídico.

Por consiguiente, se advierte el sostenido advenimiento de un populismo punitivo a través de la amplia difusión de medidas demagógicas, altamente eficientistas pero claramente incongruentes con el sistema al cual deben integrarse, generando rupturas y modificaciones que progresivamente van evidenciando una política criminal incoherente y discordante con ese sistema de garantías en que se fundó el Estado Social de Derecho, que fuera el espíritu de la Constitución de 1991 y que ilustró la teleología de la Ley 906 de 2004.

Es así entonces como, dejando atrás un arquetipo medianamente coherente y propio de un modelo garantista que se construyó por parte del legislador con el Sistema Penal con Tendencia Acusatoria Colombiano; se han venido adoptando decisiones y emitiendo disposiciones normativas tendientes a la restricción de derechos de los procesados, la limitación en la concesión de cierta clase de beneficios y subrogados, la imposición obligatoria de algunas medidas de aseguramiento privativas de la libertad para ciertos delitos, el endurecimiento de las penas y la disminución del margen de negociación de los intervinientes del proceso penal, la adopción (injustificada e insostenible) de la figura de la cadena perpetua y en términos generales la implementación de medidas retrogradas y draconianas.

Lo que resulta altamente preocupante es que este tipo de tendencias, por recurrentes sistemáticas y acentuadas mediante su frecuencia, terminen siendo acogidas y consideradas como coherentes no sólo por la sociedad, sino por la misma Administración de Justicia, que es la última barrera que posee el ciudadano en relación con la forma más grave de intervención del Estado frente al individuo, dejando en evidencia como a partir de una reivindicación populista, inconexa de los contenidos y fines que realmente deben inspirar un sistema de derecho penal liberal; justifican consideraciones de exclusión de cierto “tipo” de personas, catalogados como sujeto nocivo para la sociedad, renunciando a los fines que inspiran en principio la pena, y tendiendo claramente a adoptar un modelo de justicia penal de prevención general negativa.

Finalmente, muy a nuestro pesar, como partes de una sociedad regida por principios constitucionales, que en papel resultan respetuosos de los derecho fundamentales, pero termina siendo un saludo a la bandera si nos damos cuenta que en Colombia el Derecho no ha cumplido su función mediadora y abstracta de las relaciones sociales, por el contrario se convertido en el medio preferido para ocultar los verdaderos intereses dominantes, permitiendo que se abandone en un proceso que ya tiene algún tiempo;  paulatina y progresivamente el sistema garantista-liberal, y se tienda hacia un sistema penal de autor y de enemigo, principalmente porque resulta útil para el fin de instrumentalización del derecho penal en la reivindicación y protección de intereses sectoriales, gremiales y corporativos, una de las características superlativas y claramente indicativa de las crisis del Derecho Garantista.

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