1. EL ESTADO COLOMBIANO Y LAS DECISIONES DE LA CORTE IDH ¿DESACATO?

Consultando el devenir histórico de nuestro país, en materia de protección de derechos y garantías fundamentales a nivel internacional, resulta altamente relevante la consideración obligatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, misma que se incorporó a nuestra legislación interna a través de la Ley 16 de 1972, entrando en vigencia en julio de 1978, hecho que desde el momento de su suscripción y en el marco del principio “Pacta Sunt Servanda” hace al Estado Colombiano sujeto procesal en un eventual litigio internacional en el que sea acusado de transgredir sus deberes de Respeto, Garantía y Prevención, en perjuicio de algún ciudadano.

Durante el citado proceso internacional, al cual puede acudir cualquier persona y que puede extenderse aproximadamente por seis meses, se corren traslados, se presentan pruebas, argumentos, excepciones, se realizan audiencias públicas y finalmente las alegaciones de conclusión, todo conlleva a una sentencia que eventualmente obliga al Estado colombiano al cumplimiento total de lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 68 de la Convención. Una vez proferido el mencionado fallo, dentro de este se otorga al Estado un plazo razonable para que adopte las medidas legales necesarias y pertinentes, en aras del amparo de los derechos del demandante, del cual, luego de un año, deberá rendir un informe sobre los avances.

Ahora bien, se ha suscitado un acalorado debate durante los últimos meses, debido a que se afirma que el Estado, en cabeza de sus instituciones y órganos de control, se escuda detrás del lapso razonable que otorga la Corporación Internacional, para suspender temporalmente la garantía de los derechos fundamentales afectados y cuya protección se invoca, contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, debidamente ratificada por nuestro país y perfectamente aplicable de acuerdo al sistema integrador.       Frente a esto es preciso decir que, en muchos casos nuestra legislación interna actual, dista de cumplir en debida forma con las obligaciones internacionales asumidas al momento de suscribir y ratificar acuerdos para la protección de derechos fundamentales, lo que genera un desequilibrio legislativo que debió ser atendido hace décadas, ajustando a la medida las disposiciones legales – en el marco de la precitada polémica – y que hasta el día de hoy, persiste peligrosamente, asechando nuestra integridad jurídica y poniendo en tela de juicio la capacidad estatal para cumplir con lo signado y velar por garantizar el cumplimiento de los derechos de sus administrados.

Así las cosas, inevitablemente surge un interrogante y es, de configurarse la suspensión temporal de dichas garantías fundamentales a un ciudadano ¿se incumple por parte del Estado Colombiano con los acuerdos internacionales suscritos aplicables? para dar una respuesta sólida y estructurada, debemos partir del hecho que la dignidad humana le asiste a la persona por el hecho de serlo y que es esta la base de todos los demás derechos fundamentales, lo que nos viene a decir que, estos existen incluso antes de ser objeto de legislación y debate por el hombre, teniendo como principales características que su vigencia es intemporal, inespacial y amodal, lo que de entrada descarta la posibilidad de suspensión bajo esta circunstancia.

Abundando en la opinión, es necesario traer a colación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 2º numeral 1º, establece que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”,  disposición que fue voluntariamente adoptada por nuestro país y que en virtud de la misma, debe velar por la garantía de estos derechos, no por mandato jurisprudencial de la Corte IDH, sino por adhesión y respeto del Bloque de Constitucionalidad del cual hace parte en atención al sentido estricto del este.

Por otro lado, viene a resultar completamente inviable y transgresora la idea de una suspensión temporal de garantías y derechos fundamentales, si se encuentra expresamente prohibido por disposiciones internacionales vigentes, que a toda luz propenden por el cumplimiento de los mismos y de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, aún en delicadas situaciones como los estados de excepción, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, justo como lo señala la Sección IV de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En suma, resulta altamente cuestionable e inadmisible que como Estado suscriptor de acuerdos internacionales cuyo propósito es precisamente velar por la protección y asegurar la no violación de los derechos fundamentales, se pudieran presentar esta clase de fenómenos jurídicos, en aras de ponerlos en pausa, mientras se legisla  de acuerdo a lo dispuesto por la Corte IDH, si como bien se dijo, se ha tenido el tiempo suficiente para hacer tales ajustes y arreglar los procedimientos constitucionales, tomar las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en los acuerdos ratificados, pudiendo evitar los vergonzosos llamados de atención y los desafortunados requerimientos internacionales, dejando en entredicho la capacidad de protección y garantía del Estado Colombiano.

2. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS JUDICIALES, UNA AMENAZA PARA LAS GARANTÍAS PROCESALES.

A fin de proteger la salud tanto de los usuarios del servicio de administración de justicia como de los servidores judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura, atendiendo motivos de salubridad pública y fuerza mayor, adoptó mediante Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 –con prorrogas sucesivas aún vigentes- la decisión de suspender las actividades de la justicia en un alto porcentaje, ordenar que los funcionarios trabajen desde sus casas y restringir de manera absoluta el acceso del público a los despachos judiciales. En particular, la Especialidad Penal de la Jurisdicción Ordinaria, dispuso excepciones a estas medidas, señalando “Las audiencias programadas en los juzgados de conocimiento con persona privada de la libertad se realizarán solo si se pueden llevar a cabo por medios virtuales”. Redacción y teleología que se ha mantenido en todas sus determinaciones sobre la materia hasta la fecha.

Con posterioridad, se emitieron otros acuerdos similares en los cuales el Consejo profundizó su análisis, con ello avanzó en puntualizar las limitaciones y excepciones aplicables a fin de procurar las garantías de las prerrogativas de los coasociados, dada su esencial y relevante naturaleza. Respecto de las excepciones a la suspensión de términos en materia penal, desarrollando la intelección y dando claridad a las garantías y principios que es menester proteger, adicionó, “Los procesos de Ley 906 de 2004 que se encuentren para proferir sentencia o en los que ya se dictó el fallo y los procesos de Ley 600 de 2000 en que haya finalizado el periodo probatorio del juicio.”

Y no es de poca monta, pues, devela el evidenciado afán de blindar de garantías el caro y altamente ritual ejercicio de práctica probatoria que no puede seguir evacuándose mediante audiencias virtuales. Es por ello que, taxativamente autorizó la continuidad del trámite en procesos en que haya finalizado el periodo probatorio del juicio. Asume entonces y positiviza  el enérgico reclamo producto de la práctica de quienes recurrentemente intervenimos en la actuación penal, atinente a la violación de garantías y desconocimiento de principios, si se siguen autorizando y recepcionando pruebas mediante el uso de este tipo de modalidades no presenciales o virtuales.


Justo como se observa en la práctica, la evacuación del juicio oral en tales condiciones son un claro riesgo para la garantía de contradicción, limita entre otros, el ejercicio pleno del régimen de las  objeciones, elemento central del derecho de control que posee la defensa y se ve restringida materialmente la oportunidad de impedir la entrada de información Indebida, ilegal, ilícita o impertinente con resultados perjudiciales para los intereses del procesado, quien tiene derecho a confrontar a sus acusadores (cara a cara) y ello, con las excepciones habilitadas por la ley en virtud del juicio de ponderación,  hace parte del aro de sus  garantías propias.

Además de ello se debe tener en cuenta la pluralidad de dificultades  de orden logístico y de posibilidad de contradicción que se generan para la defensa y para el mismo Juzgador, en desmedro de su posibilidad real de ejercer una valoración correcta del testigo, a voces del Artículo 404 del Código de procedimiento Penal, si tenemos en cuenta que, la apreciación del testigo es tan sensible que demanda del juzgador una actividad intelectiva, que a las claras trasciende de la apreciación del dicho del testigo, sin poder consultar esos requisitos gestuales o ademanes involuntarios instantáneos que dan fuerza o debilitan el relato que hace una persona natural en el curso del proceso penal sobre lo que conoce, sabe o le consta, con el propósito de contribuir a la reconstrucción judicial del hecho.

Es que, nos encontramos frente a una clara infracción al principio de inmediación, comoquiera que, el Juez no aprecia al testigo presencialmente sino  a través de la deficiente, descontextualizada y poco fidedigna imagen que transmite una cámara. No puede entonces aplicar en su juicio principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad; tal y como lo exige la norma.

Por otro lado, los escenarios tecnológicos intrínsecamente y más aún los limitados en capacidad, actualización y logística como los que se usan en el país, generan distorsiones en la emisión y recepción del mensaje, tanto en su contenido como en su temporalidad, y si bien de manera indubitable acortan distancias y facilitan la comunicación, en escenarios muy específicos como el que nos ocupa, no dejan de resultar insuficientes o inadecuados para la concreción de los fines que están llamados a suplir y que, entrañan una significativa serie de dificultades con clara incidencia en el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, en el control de la información que se introduce al juicio, y con ello profundiza la situación de debilidad manifiesta en la que se haya la defensa en el proceso penal actualmente.

Al hablar del Juicio Oral, en efecto, nos hallamos frente a la audiencia indiscutiblemente más relevante, el culmen de toda la gestión antecedente, y en la que con más veras debe asegurarse a fin de revestirla de legalidad y vocación de permanencia, el respeto absoluto de los escenarios, métodos y formas de acción y contradicción, atendiendo los intereses en discusión y las eventuales consecuencias que en punto de libertades pueden sobrevenir. De esta manera, indiscutiblemente es en esta etapa de manera privilegiada donde celosamente se debe atender cada uno de estos derroteros y preceptos aplicables, sin lugar a su puesta en entredicho así sea de manera parcial o formal, so pena de que, privilegiando entendimientos eficientistas, se distorsione, no  logre  introducirse o apreciarse en debida forma, o se omita una realidad que las partes se han proyectado probar durante el proceso.

Inexorablemente es menester recalcar que, los principios en los que se funda el sistema de justicia y en particular el Sistema Penal con vigencia en Colombia por ministerio de la Constitución Política de 1991 y la  Ley 906 de 2004, no son susceptibles de recortes, morigeraciones o suspensiones; ni siquiera en estados de excepción, no obstante, cada una de las dificultades descritas líneas atrás, se siguen presentando cada vez con efectos más negativos para el proceso y sus garantías y, aún con todo, las órdenes específicas son continuar en esa cuestionable modalidad, bajo el riesgo acechante de una parálisis poniendo en riesgo la estructura misma del sistema, con graves consecuencias, hasta el momento prevenibles. Entonces es paradigmático que el desconocimiento de las Reglas del Sistema Acusatorio Constitucionales, como  lo son los principios de inmediación objetiva y subjetiva, el principio de publicidad  y las reglas de valoración del testimonio, no solo da lugar a nulidades por violación al debido proceso y derecho de defensa, sino que pone en entredicho el ejercicio de autoridad y control de los llamados a hacerlo, obligando a todos los practicantes del Derecho Penal, a asumir este reto.

3. JUEZ DE CARTAGENA

En días anteriores se dio a conocer por parte medios de comunicación y redes sociales, una controversial decisión que data del 31 de agosto de la presente anualidad, adoptada por el titular del Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena, Bolívar; quien rehusó unir en matrimonio a una pareja homosexual, los argumentos aluden principalmente a su moral cristiana sosteniendo que, “antes prefería agradar a Dios” y así mismo creyó hacer una “correcta interpretación” de la norma constitucional al afirmar que, “el preámbulo invoca la protección de Dios y se debe jurar por Dios, …la laicidad predicada por los magistrados de la Corte Constitucional y por varios doctrinantes es artificiosa…”  El hecho despertó toda clase de reacciones a nivel nacional, indignación por considerar esta una decisión arbitraria, manifiestamente violatoria de derechos y garantías e inaceptable desde cualquier ángulo jurídico, pero a su vez, tuvo varios simpatizantes.

Son reprochables desde todo punto de vista los fundamentos que dan forma al argumento principal de la aludida decisión judicial por parte de este funcionario, por cuanto al Invocar sus propias convicciones religiosas que nada tienen que ver o interferir en el derecho que como ciudadanos les asiste a los administrados y, que sobre todo, distan de la realidad social, legal y jurisprudencial  imperante en la actualidad, actúan en menoscabo de derechos fundamentales, garantías legales y constitucionales, aunado al abierto desconocimiento de la jurisprudencia constitucional vigente, claramente vinculante y relevante respecto a dicho tema, la cual en los últimos años ha ampliado los diferentes conceptos conocidos en torno a la composición del núcleo familiar y los derechos que le asisten a quienes lo conforman.

No resulta imperativo entrar a discutir el trascender jurídico que ha tenido el tema de los derechos de la comunidad LGTBIQ en Colombia, ni mucho menos, los raigambres o creencias religiosas del funcionario; por el contrario, es cuestionar su actuación por apelar a apreciaciones subjetivas e inquisidoras que a toda luz desconocen criterios jurisprudenciales, los cuales, si bien está en todo su derecho de apartarse de los mismos, esto debe hacerlo con argumentos sólidos, estructurados, amplios y suficientes pero, sobre todo que no devengan de sus creencias religiosas pretendiendo aplicarlas como fuente del derecho en una decisión judicial que inexorablemente debe ser objetiva, ceñida a los parámetros legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, respetuosa de la vanguardia en materia de jurisprudencia constitucional y más aún, propendiendo siempre por el amparo y protección de los derechos fundamentales de cada ciudadano.

Se ignora por parte del Dr. FLOREZ que, a partir de la promulgación de nuestra aún vigente Carta Política de 1991, se reconoció la laicidad del Estado colombiano, que no es más que el claro respeto por en el derecho fundamental de libertad de cultos consagrado en su artículo 19, que en su calidad de juez y servidor público, está llamado a proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Un funcionario judicial que basa sus decisiones en lo que llama “La ley de Dios” claramente deja ver sus argumentos retrógrados y anticuados que se constituyen en un retroceso legal, desconociendo abiertamente décadas de avance legislativo, que afortunadamente hace mucho superaron ideales opresores como los que pretende hacer valer, aunado a que hace una interpretación errónea de la jurisprudencia y el preámbulo de nuestra Carta Magna, ajustándola a toda costa a sus visiblemente arraigados y convenientes criterios religiosos, olvida que sus decisiones, por mandato constitucional y legal, solo están sujetas al imperio de la Ley, pero, si bien la jurisprudencia es un criterio auxiliar, no es menos cierto que esta no se puede desconocer a la hora de tomar una decisión judicial constituyéndose la suya en un pronunciamiento arbitrario y ajeno a toda disposición legal.

Vale hacer el análisis de que si como juez es incapaz de diferenciar lo jurídicamente establecido y aceptado, de sus creencias religiosas, sobre todo cuando sus más profundas convicciones se hallen en tensión con casos concretos, difícilmente será un administrador de justicia que propenda por el cumplimiento de los fines constitucionales y el amparo de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, debido a que, en adelante sus decisiones se verán permeadas por consideraciones meramente subjetivas que atentan de manera directa contra los derechos y prerrogativas superiores de quien pretende hacer valer su derecho. 

Por tales motivos, viene a resultar reprochable e indignante que el funcionario haga uso de estos argumentos carentes de toda lógica objetiva y legal para escudar su incapacidad de separar la imperante realidad de sus costumbres religiosas.

Por otro lado, no desconoce el suscrito la existencia del derecho autónomo y nominado  a la objeción de conciencia, que a su vez este deviene del derecho

constitucional a la libertad de conciencia, el cual reza que nadie podrá ser objeto ni de acoso ni de persecución en razón de sus convicciones o creencias; así mismo, no podrá ser obligado a actuar contra su conciencia, bajo el entendido que dichas dimensiones van encaminadas a la defensa y garantía de las condiciones que permiten la autodeterminación de cada individuo.

No obstante, inexorablemente es menester hacer claridad en que este tema no ha sido pacífico a lo largo de los años en la jurisprudencia nacional y sobre el cual la Corte Constitucional ha sido enfática en afirmar que “Quien ostenta tal calidad, no puede excusarse en razones de conciencia para abstenerse de cumplir con sus deberes constitucionales y legales…Cuando un funcionario o funcionaria judicial profiere su fallo no está en uso de su libre albedrío.

Por ello, se reitera que al momento de decidir jurídicamente un asunto, se debe acudir a prerrogativas legales, se debe dar aplicación a la Ley de manera imparcial y bajo ninguna circunstancia es dable concluir que la base de dicha decisión sea una apreciación subjetiva que de manera excesiva desconozca garantías fundamentales, comoquiera que con este proceder se incurre en conductas punibles de carácter penal, disciplinario, distantes de toda ética profesionalmente aceptable y obstaculiza de manera arbitraria e injustificada el acceso a la administración de justicia.

En síntesis, es altamente cuestionable y reprensible el actuar del Dr. RAMIRO ELISEO FLOREZ TORRES, no solo por negarse amparar el innegable derecho que le asiste a dichas ciudadanas, sino porque con su argumentación, está también violando el compromiso voluntariamente adquirido de velar por el estricto cumplimiento de la normatividad vigente, pasando por alto que como administrador de justicia no está en uso de su libre albedrío y que nuestro país no se rige por textos religiosos como la biblia, sino por la Constitución y las leyes.

DIEGO FERNANDO DUQUE ZULUAGA

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